En el caso Baldivieso, la Corte Suprema decidió volver al criterio del plenario Natividad Frías de 1966 sobre la la legitimidad de las persecuciones penales basadas en reportes médicos, de personas que se atendieron por dolencias vinculadas a la comisión de ciertos delitos. La decisión, algo escueta, revocó el criterio que—en otra composición—el propio tribunal había sostenido en el caso Zambrana Daza. Este comentario, basado en un estudio empírico más extenso sobre la criminalización del aborto en la Argentina, argumenta que a los tres casos los unen distintos momentos del lento proceso de repolitización del aborto nuestro país. Si en Natividad Frías emergió, por primera vez, una objeción con base constitucional a los patrones fácticos que sólo arrojaban a las mujeres pobres bajo la mirada de la justicia, hacia 1997 y 2010—años de las decisiones contradictorias aquí analizadas—la criminalización del aborto estaba sometida a narrativas constitucionales diversas y contradictorias, que—sugiero—iluminan de manera especialmente clara a ambas decisiones.